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El Gobierno de Indonesia debe reconocer que las víctimas de los incendios, especialmente los niños, tienen derechos exigibles ante la ley y no dependen simplemente de la benevolencia del Estado. Según el marco jurídico vigente, el Estado es el «principal responsable» de la gestión de desastres. Esa condición le impide escudarse en una «capacidad limitada» o en «restricciones presupuestarias» para eludir su obligación de reconstruir las viviendas, garantizar la atención sanitaria y restablecer los medios de vida.
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