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Desde la entrada en vigor de la Ley n.º 24 de 2007 sobre Gestión de Desastres, la Evaluación del Riesgo de Desastres (KRB) se ha establecido como un instrumento fundamental de la ordenación territorial de Indonesia. Sin embargo, casi dos décadas después, su eficacia para impedir proyectos en zonas expuestas a desastres sigue estando muy lejos de lo esperado. Este artículo examina críticamente la posición de la KRB en el marco normativo de la ordenación territorial indonesia mediante un análisis jurídico y un estudio de caso de Kalimantan Occidental. Su principal conclusión es que la KRB permanece atrapada en la lógica del soft law: un instrumento de carácter recomendatorio, sin fuerza operativa vinculante. En Kalimantan Occidental, tres factores estructurales agravan esta falla: el predominio de concesiones que controlan el 67 % de la superficie terrestre, una incoherencia territorial estructurada y los Proyectos Estratégicos Nacionales (PSN), que afirman sistemáticamente los principios de reducción del riesgo de desastres. El artículo sostiene que el fracaso de la KRB no es técnico, sino consecuencia de una estructura de incentivos político-económicos que sitúa la explotación de los recursos naturales por encima de la seguridad ecológica a largo plazo.
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