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Leer los datos con claridad: ¿quién provoca realmente los incendios?
Ocho años de datos sobre aplicación de la ley (2018–2026) en Kalimantan Occidental cuentan, en el fondo, una sola historia: la asimetría. De un lado hay decenas de empresas palmicultoras cuyas concesiones se precintan una y otra vez tras sufrir incendios: empresas en Kubu Raya (2018), 26 empresas palmicultoras (2019), 4 empresas (2023) y 6 empresas (2026). Del otro están los agricultores tradicionales que queman, como máximo, dos hectáreas para cultivar variedades locales de arroz, una práctica expresamente exceptuada en la explicación del artículo 69, apartado (1), letra h, de la Ley n.º 32 de 2009. Sin embargo, son ellos quienes con más frecuencia acaban esposados como «sospechosos de incendios forestales y de tierras». El Estado —en este caso, el Gobierno central— incluso prevé derogar el Reglamento Regional de Kalimantan Occidental n.º 1 de 2022, sobre apertura de terrenos de cultivo basada en los saberes locales. Es una inversión perfecta de la lógica jurídica: se desmantela la protección de los agricultores indígenas mientras a las concesiones con miles de hectáreas quemadas les bastan sanciones administrativas. Si se deroga esa norma, los campesinos dejarán de ser «agricultores que aplican saberes locales» para convertirse en potenciales condenados. Las empresas responsables de las quemas, en cambio, seguirán siendo «objeto de orientación administrativa».
Análisis crítico: una aplicación débil de la ley e indicios de connivencia
Tres patrones empíricos indican que la respuesta jurídica a los incendios no fracasa por incapacidad, sino porque está diseñada para fracasar:
1. Reincidencia en los mismos lugares: impunidad espacial
PT Sumatera Unggul Makmur fue precintada en 2018 y volvió a sufrir incendios en 2023; Kubu Raya y Ketapang son cada año epicentros del fuego. Según la teoría de la disuasión de Becker, las infracciones se repiten cuando la sanción esperada es muy inferior al beneficio esperado. La multa de 1.000 millones de rupias a PT PSL, o una mera sanción administrativa, no es un castigo para una empresa: es un «coste operativo».
2. Nombres ocultos y ejecución demorada
Los comunicados oficiales identifican a las empresas por sus iniciales —PT SUM, PT WEL, etc.—: una transparencia deliberadamente borrosa. De nueve sentencias civiles firmes por incendios, solo una se ha ejecutado. La condena de 920.000 millones de rupias contra PT Rafi Kamajaya Abadi (2023) es la excepción que confirma la regla: en 2019 se sancionó a 157 empresas, pero solo dos llegaron a los tribunales.
3. Una asimetría en las disposiciones aplicadas
Las empresas se benefician de la vía administrativa y de una responsabilidad objetiva que rara vez se hace efectiva; los agricultores, en cambio, afrontan los artículos penales de la Ley de Protección y Gestión Ambiental y de la Ley de Plantaciones. En el lenguaje de los estudios jurídicos críticos de Galanter, esto confirma que «the haves come out ahead»: quienes tienen recursos salen ganando, porque la ley los trata con mayor indulgencia. Leídos desde la ecología política y la teoría de la captura regulatoria, estos tres patrones conducen a una conclusión: las autoridades encargadas de aplicar la ley no son neutrales. Hay fuertes indicios de protección de los intereses de la oligarquía palmicultora: dejar que arda, precintar, imponer una sanción leve y esperar a la siguiente estación seca. La «violencia lenta» de Rob Nixon recae sobre la población: 165.000 casos de infecciones respiratorias agudas, el río Kapuas seco y niños que estudian a distancia tras sus mascarillas.
El presidente debe declarar una catástrofe nacional
Se cumplen los parámetros del Reglamento Gubernamental n.º 21 de 2008 —número de víctimas, pérdidas, alcance interregional y alteración de los medios de vida—: 3,4 millones de personas expuestas en seis provincias, aire clasificado como peligroso, clases trasladadas al entorno virtual y riesgo de contaminación transfronteriza por humo. Declarar una catástrofe nacional no es solo un gesto simbólico: obliga a movilizar recursos nacionales, establecer un mando único bajo la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) y realizar lo que más teme la oligarquía: una auditoría integral de las concesiones.
El argumento es, por tanto, sencillo y contundente: si el presidente no declara la catástrofe nacional, esa negativa será una prueba más de que el Estado está más ocupado en proteger a las empresas que a sus ciudadanos. Cada día de demora es una subvención encubierta a quienes provocan las quemas.
¡DECLAREMOS LOS INCENDIOS FORESTALES Y DE TIERRAS CATÁSTROFE NACIONAL!