Crónica de la expansión verde en un mundo que necesita aceite
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Hace un cuarto de siglo, cuando Europa estaba cubierta por la nieve de la guerra y el precio del petróleo trepaba como una serpiente insaciable, el destino de miles de mujeres de este archipiélago quedó empeñado a un árbol espinoso. Eran años de pugnas entre superpotencias, de convoyes de petroleros por el estrecho de Malaca convertidos en arteria de la economía mundial. El aceite de palma, el oro líquido de los trópicos, se volvió el producto estrella que sustituía a la soja y a otros aceites vegetales cuyos suministros se veían alterados por las tormentas políticas de países lejanos.
Indonesia, que apenas llevaba unas décadas libre del dominio colonial, abrió de par en par sus puertas a los inversores. Los bosques de Sumatra y Kalimantan fueron arrasados y sustituidos por un mar ordenado de palmas, como soldados imperiales formados a la espera de una orden. Grandes empresas de capital extranjero y conexiones con el poder obtuvieron concesiones tan extensas como los antiguos ducados de Java.
La confusión geopolítica les favorecía. La guerra de Ucrania interrumpía el suministro de aceite de girasol, la sequía en América Latina perjudicaba la soja y la demanda mundial de aceites de cocina, biocombustibles y oleoquímicos no disminuía. Sobre el papel, la palma era la salvación. Las divisas afluían al erario. Los discursos oficiales hablaban de miles de billones de rupias. Este producto aportaba el 3,5 % del producto interior bruto. Se decía que hasta nueve millones de personas trabajaban en el sector, directa o indirectamente.
Pero, como reza el antiguo dicho latino, «Quidquid luce videt, tenebris absconditur»: lo que se ve a la luz también se oculta en la oscuridad.
Un retrato sombrío bajo las hojas anchas
Los archivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las investigaciones de organizaciones de la sociedad civil de 2024 y 2025 muestran un panorama oscuro de la vida laboral en esas plantaciones. En 2024, Komnas HAM recibió 44 denuncias relacionadas con empresas: 6 eran laborales y 21 versaban sobre conflictos agrarios.
En Kalimantan Occidental, una investigación de seis empresas palmicultoras reveló hechos dolorosos. De aproximadamente un millar de trabajadores evaluados, unos 800 habían sufrido graves vulneraciones de derechos. Contratos confusos, falta de cobertura sanitaria, estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo (K3) y ausencia de seguridad social formaban parte de su día a día.
Un dirigente sindical lo expresó con amargura: «De cinco empresas, tres aceptaron mejorar las condiciones laborales después de ser advertidas. Pero dos —una en Ketapang y otra en Sanggau— siguen sin hacerlo, pese a haber sido convocadas y amonestadas por el Gobierno».
Es aquí donde empezamos a fijarnos en los rostros más vulnerables: las mujeres. Son la fuerza que sostiene los montones de racimos frescos que cada día llegan a las fábricas.
Historias de mujeres al caer la tarde
En Kalimantan Occidental, las palmas ocupan 3,2 millones de hectáreas, cerca del 22 % de la provincia. Más de 500.000 personas viven de sus plantaciones. La mayoría son mujeres contratadas como jornaleras eventuales (BHL). La eventualidad es una trampa sutil. Trabajan como personal fijo: llegan por la mañana y se van por la tarde. Distribuyen entre 600 y 1.200 kg de fertilizante, fumigan e incluso algunas cosechan frutos que pesan decenas de kilos. Sin embargo, en los documentos no figuran como trabajadoras permanentes. Por eso, derechos como la paga de festividades, la protección para la vejez o los permisos menstruales y de maternidad parecen cuentos para dormir.
Yublina, presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Plantaciones de Palma de Kalimantan Occidental, ha denunciado reiteradamente este sufrimiento:
«Todavía hay mujeres de las plantaciones que no reciben permisos menstruales ni de maternidad por ser jornaleras eventuales, aunque lleven más de cinco años trabajando. A veces los salarios también son desiguales. El trabajo es tan pesado como el de los hombres, pero el sobre de la nómina es distinto. Los hombres reciben complementos y las mujeres no, especialmente las ayudantes».
A esto se suma la doble jornada. Al regresar de la plantación deben seguir siendo madres para sus hijos, esposas para sus maridos y responsables del hogar. Sus cuerpos casi nunca descansan de verdad. Con servicios sanitarios limitados —y a menudo inexistentes para ellas—, las cargas se acumulan. Más dolorosa aún es la historia de Fatimah, de 67 años, en Ketapang. Lleva 13 años trabajando para PT Aditya Agroindo y sigue siendo jornalera eventual. Su cuerpo es frágil y camina despacio, pero todos los días vuelve a recorrer la plantación.
Cuando pidió dejar de trabajar por enfermedad, la empresa no atendió su petición. Nunca recibió cobertura sanitaria de BPJS. Cada tos o fiebre debe pagarla de su bolsillo. La casa que comparte con su marido no es más que una cabaña de techo de chapa. En una vejez que debería llenarse de besos de sus nietos y de oraciones, Fatimah sigue cargando con la supervivencia porque el Estado y la empresa desatienden su mandato constitucional.
«Fatimah es solo uno de los muchos casos de mujeres que trabajan en las plantaciones de palma. No es solo una cuestión contractual: es una cuestión de humanidad».
El veneno que se desliza por la sangre
Otra amenaza silenciosa recorre sus cuerpos. En las plantaciones, las mujeres trabajan con sustancias químicas, plaguicidas, herbicidas y fertilizantes sintéticos. Sin equipos adecuados de protección individual, esos tóxicos penetran por la piel y llegan a los pulmones. Las investigaciones indican que la exposición prolongada puede provocar irritación cutánea, trastornos reproductivos, infertilidad e incluso cáncer.
Todo ello ocurre realmente sobre el terreno. Sin embargo, cuando una trabajadora denuncia una enfermedad profesional, la empresa suele alegar que ya existía o elude su responsabilidad por tratarse de una jornalera eventual.
¿Dónde está el Estado?
Entonces nos preguntamos: ¿dónde está la inspección? ¿Dónde están las autoridades que cada año reciben informes y organizan jornadas informativas?
Sobre el papel, el Gobierno no permanece inmóvil. El Reglamento del Ministerio de Agricultura n.º 33 de 2025, sobre certificación del aceite de palma sostenible de Indonesia (ISPO), obliga a las empresas a cumplir 36 indicadores laborales, entre ellos la igualdad de género y la prohibición del trabajo infantil. También hay un programa del servicio de plantaciones que destina fondos de participación en ingresos a la seguridad social. Pero la distancia entre la norma y la realidad es un abismo. Un responsable distrital de trabajo puede afirmar que no ha recibido denuncias de violencia contra las mujeres en su jurisdicción.
La ausencia de denuncias no significa ausencia de hechos. Muchas trabajadoras temen denunciar: ser despedidas, amenazadas, sufrir represalias e incluso ser criminalizadas. El análisis es sencillo, pero amargo: este abandono persiste porque las trabajadoras, sobre todo las eventuales, carecen de poder de negociación. Son casi invisibles en los balances empresariales.
Las empresas aprovechan los vacíos normativos. Alguien puede trabajar hasta 13 años como jornalera eventual sin pasar a la plantilla fija, sin seguro médico y sin pensión. Esto contradice claramente los principios de justicia y seguridad jurídica de la Constitución de 1945 y de la Ley de Trabajo n.º 13 de 2003.
Las empresas disfrutan de enormes ganancias. Incluso durante la pandemia, la producción de palma aportó unos 250 billones de rupias al erario y, en 2024, se estimaba que volvería a aportar cerca de 88 billones. Pero detrás de esas cifras deslumbrantes hay mujeres que regresan a casa con las manos irritadas por el fertilizante, la espalda dolorida por el peso y el corazón encogido porque sus hijos enferman y no pueden pagar el tratamiento.
«Es irónico que se reconozca como un sector estratégico y, aun así, sus trabajadores sigan sin protección. Hoy los trabajadores de las plantaciones de palma siguen siendo tratados como esclavos», afirmó un activista laboral.
Una voz que no debe apagarse
Bajo el sol abrasador de Kalimantan, entre hileras de palmas que no dejan de dar fruto, esas mujeres siguen trabajando. Son madres, esposas y sostén de sus familias. Forman parte de la gigantesca maquinaria que mueve la economía del país. Pero sus cuerpos son la última frontera, vulnerada una y otra vez por los tóxicos, la desigualdad salarial, la incertidumbre contractual y un Estado con los ojos medio cerrados.
«No somos solo trabajadoras de las plantaciones de palma. Somos madres, agricultoras, guardianas de la tierra, de la lengua, de la vida y de las generaciones futuras».
Por eso, si queremos contar la historia del progreso de la nación, no olvidemos dedicar un capítulo a su lucha: la de las mujeres en la punta de las hojas de palma, cuya sangre y sudor fluyen sin nombre, pero dan vida a todos nosotros.
Equipo de Defensa de Derechos y Campañas de Teraju Indonesia